Causa AFA: dos fiscales buscan revertir el sobreseimiento del entorno de Pablo Toviggino

Aunque no podrán buscar la reapertura directa de la investigación, dos fiscales pidieron revertir el sobreseimiento del entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, en una de las causas por el presunto manejo ilícito del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. En los últimos días, el Juzgado Federal de Campana desvinculó del caso a seis empresas y 13 familiares y allegados del dirigente deportivo.

La Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, en un trabajo conjunto con Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), llevó el caso ante la Cámara Federal de San Martín cuestionando el sobreseimiento dictado por el juez Adrián González Charvay.

A criterio del Ministerio Público, el cierre del caso para el entorno de Toviggino opera en la práctica como un “blindaje” o una “absolución” con valor de cosa juzgada, lo que impediría investigar a los involucrados en otro expediente conexo, o en caso de que aparezcan nuevos elementos de prueba que motiven la apertura de la causa. Por eso la fiscalía reclama que el caso vuelva un paso hacia atrás, cuando solamente había sido desestimado el requerimiento de instrucción fiscal.

Es un tecnicismo que marca la diferencia entre si la Justicia queda o no en condición de investigar a los denunciados por estos hechos.

Para entender esta discusión técnica es necesario remontarse al origen del caso, que comenzó en Santiago del Estero tras una denuncia por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

El Juzgado Federal N° 2 de esa provincia, a cargo de Sebastián Argibay, desestimó el requerimiento de instrucción para dar inicio a la pesquisa y se declaró incompetente territorialmente, enviando las actuaciones a Campana por registrarse allí el domicilio legal de la AFA, que tiene nueva sede en Pilar. El fiscal que había pedido avanzar con la investigación es Pedro Simón. En el mismo dictamen, el acusador solicitó la indagatoria y la detención de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia.

La negativa a investigar la denuncia fue confirmada luego por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Así, la decisión de desestimar el caso adquirió firmeza y llegó en esas condiciones a Buenos Aires.

Ya con el expediente en el Juzgado Federal de Campana, la defensa de los implicados solicitó el sobreseimiento definitivo, petición que el juez González Charvay convalidó el pasado 7 de octubre.

Con la desestimación de la instrucción confirmada por la Cámara de Tucumán, “no hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”, resolvió el Juzgado de Campana.

Para los fiscales Bringas y Velasco, la decisión del magistrado resultó apresurada y técnicamente incorrecta. La desestimación se fundamentó en que el requerimiento de instrucción no reunía los requisitos mínimos para abrir un proceso penal en ese momento, pero -a criterio de la fiscalía- dicha resolución no impide que los hechos puedan ser revisados en el futuro ante la aparición de nuevas evidencias.

Por el contrario, el sobreseimiento cierra de manera definitiva la posibilidad de investigar a los sospechosos, otorgándoles un estatus de cosa juzgada que los acusadores consideraron improcedente. La decisión podría proyectarse a otras investigaciones que orbitan alrededor de la AFA, que no son pocas.

Si la Cámara Federal de San Martín falla a favor de los fiscales y revoca el sobreseimiento, esto no implicaría que el entorno de Toviggino empiece a ser investigado, indicaron fuentes judiciales. La causa no está delegada y quien lleva las riendas del expediente es el juez González Charvay, que ya decidió excluirlos de este proceso penal.

El caso

La hipótesis que impulsó el fiscal federal Pedro Simón en su requerimiento original describe una presunta organización criminal coordinada para ejecutar una defraudación sistemática contra el patrimonio de la AFA. También expuso sospechas de evasión impositiva mediante facturación falsa y maniobras cambiarias informales.

La cúpula de la Asociación habría operado desde 2018 hasta 2026 en conjunto con un entramado de empresas satélites manejadas por personas de extrema confianza de Toviggino, según lo advertido por el fiscal santiagueño.

Entre los beneficiados por el sobreseimiento que la fiscalía intenta revocar se encuentran Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero), sus hijos Máximo Augusto y María Valentina, y su expareja María Julia del Castillo Orellana. También figuran colaboradores estrechos como María Florencia Sartirana, exencargada de finanzas de la AFA y actual pareja del tesorero, junto a las firmas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., Wicca SAS y Vandap SAS.

La acusación fiscal detalló que la AFA transfirió sumas millonarias a las cuentas bancarias de estas sociedades. Solo entre los años 2022 y 2025, las firmas SOMA, Malte, Segon, Servicios Lindor y Servicios Neurus recibieron transferencias de la entidad del fútbol por “un monto mínimo comprobado” de $4.961.280.195. Los investigadores detectaron un patrón de “barrido de cuentas”, donde los fondos recibidos eran retirados o derivados a otras empresas del mismo grupo en un plazo menor a 48 horas, presuntamente para dificultar su trazabilidad.

Para justificar estos movimientos financieros, las empresas emitieron facturas electrónicas a la AFA bajo el régimen de MiPyME por servicios que, según la fiscalía, nunca se prestaron. Ninguna de las firmas investigadas cumplía con los requisitos para calificar como pequeña o mediana empresa, y varias de ellas fueron incluidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en su base de contribuyentes apócrifos por carecer de capacidad económica real para operar.

El destino final de los fondos habría sido la compra de una flota de vehículos de alta gama, numerosos inmuebles en Santiago del Estero y viajes en aviones privados.

Asimismo, la fiscalía había pedido investigar la colocación de excedentes financieros en plazos fijos bancarios por miles de millones de pesos y millones de dólares para generar rendimientos dentro del circuito legal.